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POR QUÉ DEBEMOS DECIR ¡NO AL CAMBIO DE MEDIDORES DE LUZ!

  • Foto del escritor: Cristián Hidalgo Morales
    Cristián Hidalgo Morales
  • 24 abr 2019
  • 13 Min. de lectura

¿POR QUÉ NO DEBEMOS ACEPTAR EL CAMBIO DE NUESTROS

MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA?

Hace algunos meses comenzó sigilosamente, por parte de las empresas distribuidoras, la implementación de la Ley 21.076, que autorizaría el cambio de medidores de energía eléctrica a nivel domiciliario, en todo Chile. Desde que se comenzaron a percibir los efectos concretos de la misma, traducidos en un significativo incremento en el costo de las cuentas de consumo en aquellos hogares en que ya se verificó el cambio (alrededor de 300.000, a la fecha) y, muy especialmente, tras conocerse el proceso legislativo que precedió a este cambio (y, particularmente, la reacción del gobierno, que no tuvo empacho en reconocer – en boca del mismísimo Piñera y su ministra de energía Jiménez – que el mayor costo de las cuentas y el valor mismo del recambio, iban a ser asumidos por el usuario), se ha provocado una gran controversia y un profundo malestar ciudadano; generando un debate nacional en términos jurídicos, económicos, técnicos y políticos; y, por cierto, afectando la imagen del gobierno. Quienes somos hoy parte de la oposición al régimen, debemos bregar por estar en sintonía con el sentir ciudadano, mayoritariamente hostil a este cambio forzoso; que representa para la ciudadanía – en términos concretos – el justo (y, por lo visto, hoy fundado en la experiencia concreta) temor a que el cambio suponga un incremento en el valor final de la cuenta de suministro mensual; el rechazo a tener que pagar el valor del nuevo empalme y medidor ($ 87.500 por hogar, lo que implica un costo cercano a los $ 660 mil millones, o US$ 1.000 millones, que deberán ser asumidos en su totalidad por los usuarios); y el repudio a que las empresas de distribución eléctrica incrementen aún más sus ganancias, ello a costa de los consumidores. A ello debe agregarse el casi seguro costo social que supondrá este proceso, por el efecto que tendrá – como lo demostraremos más adelante – en una pérdida masiva de empleos.

Todo lo anterior se desarrolla en un contexto jurídico donde las empresas generadoras y distribuidoras constituyen “monopolios legales”, razón por la cual, los usuarios – que no pueden, por cierto, prescindir de un servicio que es, en estos tiempos, esencial y prácticamente vital – carecen de todo poder negociador ante éstas, debiendo sujetarse a sus arbitrios y dependiendo – en último término – de las regulaciones tarifarias emanadas de los órganos co-legisladores. En consecuencia, las empresas eléctricas actúan amparadas en un verdadero “abuso de posición monopólica” en el mercado, lo que finalmente perjudica a la ciudadanía; en especial (y como siempre ocurre, en estos casos), a los sectores más desposeídos.

De esta suerte, como ciudadano, jurista y actor político, estimo que es justo, necesario y pertinente avanzar en una campaña de desobediencia ciudadana, expresada concretamente en un boicot masivo al aludido cambio de medidores, anunciado por el gobierno. Los argumentos para levantar esta campaña son los siguientes:

1. Argumentos Jurídicos: la Ley 21.076 no obliga al cambio de los medidores de luz en los domicilios. De hecho, en su origen esta norma buscaba resolver situaciones de emergencia, generadas por catástrofes naturales (terremotos, tsunamis, tormentas o inundaciones) que – entre otras consecuencias – generaban destrucción o daño en los empalmes y medidores eléctricos y, frente a la imperiosa necesidad de reemplazarlos para reponer el suministro, se buscaba precisamente que el costo de tal reemplazo no fuese asumido por familias que, muchas veces, no sólo habían perdido el medidor eléctrico; sino gran parte o todas sus pertenencias, incluso sus hogares mismos. En consecuencia, cualquier intento de imponer, vía decreto, una obligación de estas características, constituye un abuso de Derecho, cuando no una violación a preceptos constitucionales y legales. A mayor abundamiento, cabe señalar que – a lo menos – el 75% de los medidores que actualmente existen en los domicilios chilenos, son de propiedad de los dueños de tales domicilios, quienes – en su oportunidad – pagaron ingentes sumas de dinero (entre $ 300.000 y $ 1.000.000) por el empalme e instalación de dichos aparatos. De esta suerte, resulta constitucional y jurídicamente inaceptable que se pretenda arrebatar a los usuarios, sin su consentimiento, de los aparatos de medición que actualmente poseen y que se encuentran en perfecto estado de funcionamiento – y por los que cabe reiterar, pagaron en su oportunidad; ofreciendo hoy a cambio, las distribuidoras, una ridícula “compensación” de $ 10.000 – para instalar unos nuevos, por los que – a su vez – deberán volver a pagar. Esta situación constituye un atentado al derecho de propiedad de los ciudadanos, rayano en lo expropiatorio. Desde esta perspectiva, y basándonos exclusivamente en el tenor literal de la Ley, así como en su historia fidedigna; y amparándonos en el Derecho Constitucional de Propiedad y en el principio de “autonomía de la voluntad”, que informa todo nuestro ordenamiento jurídico; podemos concluir de modo incuestionable que “nadie que no solicite voluntariamente el cambio de medidor, está obligado a hacerlo”. Cualquier ciudadano/a de izquierda, progresista, republicano e incluso liberal (los de verdad, por cierto) y, en general, cualquier persona de conciencia recta, no puede sino compartir este primer criterio.

2. Argumentos técnicos: Si bien es cierto, no existen aún informes concluyentes respecto al eventual incremento en el costo de las cuentas de los usuarios, que traería aparejada la implementación de los nuevos medidores; tampoco existen informes concluyentes que garanticen que este proceso no supondrá un mayor valor en las cuentas. De hecho, desde que comenzó la instalación de los mentados medidores mal llamados “inteligentes”, las denuncias por cobros desmedidos se han multiplicado: no sólo se ha constatado un incremento tan significativo como misterioso del consumo (medido en Kilowatts/hora, Kw/h) respecto del mismo periodo anterior y con un nivel de consumo similar; sino también, la aparición de cobros inexplicables y brutales: por ejemplo, en un hogar determinado de Las Condes, tras el reemplazo del medidor que registraba un consumo promedio mensual de $ 40.000, se facturó un supuesto “consumo” por… $251.000!!![i] Cabe destacar que en esta caso y tras entablarse la denuncia correspondiente ante la SEC, el usuario afectado ganó el recurso, y Enel (que en un principio alegó la “justeza” del cobro) deberá compensarlo por el cobro abusivo. Sin embargo, resulta lógico preguntar, ¿cuántas personas tienen el conocimiento y los medios para recurrir ante tales abusos? ¿cuántas realmente están en condiciones de reclamar ante la SEC o ante Tribunales, y obtener una respuesta favorable? ¿en cuántos otros casos, en cambio, este verdadero fraude permanece en la impunidad, causando un grave e irreparable daño patrimonial a los ciudadanos; generalmente, gente trabajadora y esforzada? Para no hablar de otros cobros igualmente abusivos y desmedidos, que han comenzado a aparecer en las cuentas de los medidores “inteligentes”, como es el caso del cobro por “consumo no registrado por el medidor”, que en algunas cuentas se aproxima a $ 150.000 en un mes (¿cómo es posible “medir” y “facturar” aquello que “no se ha registrado”?). Los testimonios de injusticias como la descrita, se multiplican diariamente, por doquier.

Por otra parte, existe una duda razonable en cuanto a que, una vez que se hayan instalado la mayoría de los mentados medidores, el cobro de “tarifa plana” que rige actualmente, será reemplazado por un denominado “cobro por tramos”[ii], que difiere el valor del kilowatt/hora (unidad de medida que los aparatos registran, y a partir del cual se efectúa el cobro) de acuerdo con un horario determinado: el tramo u horario “alto” – que, coincidentemente, es donde mayor consumo de tipo domiciliario se registra, en horario tarde-noche – sería el más costoso (algo parecido a la tarifa del “TAG”). De esta suerte, en un hogar tradicional se producirá evidentemente un incremento en el costo de la cuenta final a pagar. Esto es un elemento no menor, pues en tal caso, existe una evidente discriminación respecto de los consumidores industriales y comerciales, que por regla general (salvo empresas de faenas continuas y locales preferentemente nocturnos), los clientes comerciales – a diferencia de los clientes de las poblaciones – no sufrirán el mayor gravamen que supone diferir el valor hora del consumo, desde que su funcionamiento habitual es diurno. Dicho de otra manera: las compañías distribuidoras se enriquecerán no sólo vía co-pago del medidor y mediante el evidente incremento del valor que implica el cobro diferido; peor aún, las mayores ganancias las obtendrán de parte de los ciudadanos, por medio del consumo en sus casas; y no de los grandes usuarios (empresas y establecimientos), sino de los pobladores y vecinos; consumando con ello una gigantesca y grosera inequidad. Una vez más, los empresarios se benefician de las personas comunes y corrientes. A lo anterior debe agregarse que, de acuerdo con varios estudios y análisis técnicos efectuados por profesionales competentes[iii], se ha podido constatar que el rango de frecuencia con que operarán los nuevos medidores es diferente a los actuales. En efecto, los medidores actuales registran consumos en el rango ordinario de 50 ciclos por segundo o Hertz (50 Hz), ello según dispone la normativa vigente (artículos 242 y 243 del Decreto Supremo N° 327/1997 del Ministerio de Minería, “Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos”)[iv]. Empero, los medidores “inteligentes” que el gobierno pretende obligarnos a instalar, registrarían frecuencias en un rango mayor (hasta los 250 Hz), lo que incluyen los denominados “armónicos”, que son también conocidos como “consumo vampiro” (por ejemplo, la frecuencia generada por aparatos electrónicos apagados, pero enchufados, como pantallas, equipos de video reproducción o aparatos musicales; tubos fluorescentes; o cargadores de teléfonos celulares). De esta suerte, no sólo estaríamos frente a un cobro claramente ilícito (pues se estaría tarifando sobre el límite de Hz admitidos) sino que, además, tal situación supone – necesariamente – encarecer (como pareciera estar ya ocurriendo) las cuentas mensuales de los usuarios, principalmente domiciliarios (que son justamente, quienes poseen la mayor cantidad de aparatos que generan esta forma de “consumo”). Finalmente, surgen otras interrogantes y aprensiones adicionales, derivadas necesariamente de la naturaleza técnica de los nuevos aparatos: existe el temor que las ondas de radiofrecuencia con que funcionarán los medidores, puedan ocasionar – a largo plazo – perjuicios adicionales a la salud de los usuarios[v]. Por otro lado, una parte significativa de estos equipos – que son controlados en forma remota – funcionará mediante el uso de conexiones IP o a través del Wi-Fi domiciliario del respectivo usuario; sin que se aclare, hasta ahora, cómo ello va a afectar al servicio de internet del usuario, ni quién va a asumir el costo de tal servicio; lo que hace sospechar que el mismo, igualmente, sea soportado por los consumidores finales.

Por fin, una de las “ventajas” con las que se promueve el uso de los medidores “inteligentes”, es su capacidad de medición “input-output” (de entrada y de salida); lo que implica que si un usuario instala en su domicilio un sistema de generación propia (solar o eólica) y lo conecta a la red, no sólo ahorraría consumo – con la consiguiente rebaja de la cuenta – sino que, además, podría eventualmente “vender” el excedente de energía autogenerada al sistema, percibiendo un reembolso por ello. No obstante – y más allá de que esta posibilidad es hoy derechamente irreal para un 90% o más de los consumidores en los barrios, campos y poblaciones de Chile – no es menos cierto que tampoco existe certeza[vi] alguna de la forma y valor en que esta “venta” de energía eléctrica remanente será pagada al usuario-productor ni, por cierto, de cómo se gravará impositivamente la misma en el futuro (por ejemplo, en España, ante una situación análoga, se creó el… “impuesto al Sol”!!!)[vii].

3. Argumentos políticos: Por fin, cabe señalar que el proceso de instalación de los nuevos medidores, supone un costo social altísimo: miles de trabajadores de las empresas distribuidoras y contratistas ligados a las mismas, y que hoy se desempeñan en la medición de consumo o “toma de estado” (dado que la medición del consumo y del input-output se haría vía remota, mediante redes); en la fiscalización y prevención de ilícitos asociados al servicio (pues se supone que es imposible intervenir o adulterar los nuevos medidores); y en el corte y reposición del suministro (que también podrán ejecutarse por vía remota); serán despedidos de sus trabajos, sin que exista ante ello ningún atisbo de preocupación ni de parte de las gerencias de las empresas ni, menos aún, de parte del gobierno. No se ha anunciado al efecto medida alguna de reinserción laboral ni de mitigación de los efectos de este cambio forzado. Tal grado de indolencia llama poderosamente la atención, por cuanto estamos ante la paradoja brutal y la cruel ironía de que miles o quizá decenas de miles de trabajadores de las empresas eléctricas quedarán cesantes; debiendo pagar al mismo tiempo un medidor nuevo y, casi con toda seguridad, cuentas más altas de suministro. Por lo mismo, resulta particularmente inaceptable e impresentable que el gobierno avale que las empresas cambien forzadamente los medidores y, como si esto no fuera suficiente, obliguen a los consumidores a pagar el costo de tal cambio; sin que se traspase a éstos el evidente ahorro que supone ahorrase los sueldos de (y dejar cesantes a) miles de empleados. No obstante, el discurso oficialista centra en el supuesto carácter “progresista” y “modernista” del cambio, señalando un sinnúmero de “virtudes” irreales (o que, a lo menos, merecen una duda razonable) de los nuevos medidores, y comparando a quienes se oponen al cambio con los “negacionistas”… ¡Como si cambiar un medidor de luz fuera lo mismo que vacunarse contra el sarampión!

Y como si todo esto no fuera suficiente, el gobierno de Piñera refuerza el discurso de las empresas y legitima el lucro desmedido; llegando incluso la Ministra de Energía a amenazar sin pudor a los usuarios, advirtiendo que “todos deberán pagar a prorrata los nuevos medidores”, aún cuando se nieguen al cambio de aparato en sus hogares[viii]. Este brutal chantaje deja en evidencia, quiénes son los únicos beneficiarios de este proceso: las grandes empresas monopólicas que distribuyen la electricidad.

A tal nivel llegó el escándalo generado por esta impopular medida, que el pasado 14 de marzo la Cámara de Diputados aprobó crear una Comisión Investigadora que se abocará a analizar la legalidad en el polémico cambio de medidores[ix]. Incluso el ex Ministro de Energía de la Presidenta Bachelet, Máximo Pacheco (un reconocido defensor del recambio de los aparatos), denunció públicamente el “fraude”[x] que hay detrás del proceso en comento; no obstante haber sido bajo su administración, que se aprobó la controvertida norma. Y en días recientes, incluso el oficialismo se vio dividido ante el tema; al exigirse por parte de un sector de la derecha, ni más ni menos que la renuncia de la Ministra de Energía Susana Jiménez[xi], a quien se culpa del pésimo manejo político mostrado ante esta contingencia; lo que ha afectado aún más a la ya alicaída imagen de Sebastián Piñera, cuyo primer año de gobierno – probablemente – ha sido uno de los peores que hemos visto desde el retorno a la democracia.

Sobre la base de todo lo expuesto precedentemente, como ciudadano he decidido adoptar la postura de RECHAZAR EL PROCESO DE CAMBIO DE MEDIDORES implementado por el Gobierno; llamando a la ciudadanía en general a NEGARSE AL CAMBIO DE LOS MISMOS, por no existir ninguna obligación legal válida en tal sentido; y en tanto no se discuta en forma seria, en el Congreso Nacional, una Nueva Normativa de Servicios Eléctricos, que regule en forma racional y con sentido social, el suministro, prestación de servicios y tarifado de la energía eléctrica en nuestro país.

Creo interpretar el sentir de muchos/as, en orden a decir ¡YA BASTA DE ABUSOS! Por parte de las grandes empresas que, coludidas con políticos inescrupulosos, no se hartan de llenarse los bolsillos a costa del sacrificio de los más humildes. En un país donde la colusión, la corrupción y el abuso de los poderosos constituyen la regla, la desobediencia ciudadana se justifica plenamente; y ésta puede manifestarse de diversas formas: en primer lugar y ante todo, NEGÁNDONOS AL CAMBIO DE MEDIDOR en nuestros hogares; en segundo término, EXIGIENDO A LAS AUTORIDADES POLÍTICAS (en especial a aquellos que elegimos como nuestros representantes) a que PAREN EL ABUSO y, de una vez por todas, comiencen a legislar en favor de la clase media y trabajadora; y no en favor de sus financistas corporativos. Por fin, como vecinos y pobladores, DEBEMOS ORGANIZARNOS PARA IMPEDIR EL CAMBIO DE LOS MEDIDORES, pues este debe ser un BOICOT MASIVO, para que efectivamente tenga el efecto deseado. Además de coordinar la negativa a nivel barrial o poblacional, podemos ACUDIR A INSTANCIAS JUDICIALES PARA IMPEDIR EL CAMBIO en un sector (vía RECURSO DE PROTECCIÓN, por ejemplo). Y en el caso de quienes ya sufrieron, por desgracia, el cambio de medidores y hoy son afectados por cobros abusivos, DEBEN ORGANIZARSE Y EFECTUAR LAS DENUNCIAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (SEC), a fin de revertir tales cobros abusivos y obtener que se sancione (se multe) a las empresas abusivas.

Invito las organizaciones y líderes sociales y políticos consecuentes y de recta conciencia, a sumarse a esta iniciativa. Ningún aporte sobra frente a esta nueva y brutal arremetida de los abusadores de siempre.

Estoy convencido que la acción consciente y organizada de la ciudadanía, con el respaldo de organizaciones sociales y de actores políticos honestos (pocos, pero los hay) puede hacer frente a esta nueva ofensiva de parte de las grandes empresas, a este nuevo fraude masivo en ciernes; y devolvernos la dignidad que nos ha sido arrebatada por lustros de abusos, discriminación, colusión y corruptelas.

Ya es hora de que los trabajadores, pobladores, estudiantes, emprendedores, campesinos, dueñas de casa y empresarios honestos, retomen el protagonismo perdido, y hagan sentir con fuerza su descontento. Ningún adversario es invencible; y los abusadores de siempre se ven gigantes, únicamente si se les mira de rodillas…

Abril de 2019.

CRISTIÁN HIDALGO MORALES

Abogado

Integrante Comisión Política Nacional, Partido Radical de Chile (*)

* Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor, y no representan, necesariamente, el pensamiento de ningún órgano o instancia regular del PR.





[v] Al efecto, resulta particularmente ilustrativo un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, que se puede consultar en el link https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/es/


[vi] Si bien es cierto, la Ley N° 20.571 de marzo de 2012 (conocida como “Ley Net Metering”), establece una cierta regulación en tal sentido; la misma – en primer término – limita la posibilidad de que el output sea generado desde sistemas de combustible fósil (generadores a bencina, por ejemplo), limitándola a las ERNC (energías renovables no convencionales, básicamente eólica y solar; mucho más costosas, tanto en la adquisición como en la mantención de los generadores). En segundo término, la norma en comento limita la capacidad de los medios de generación domiciliaria a 100 kilowatts, lo que representa no más del 25% del consumo ordinario mensual en un hogar chileno promedio; ello sujeto, adicionalmente, a que tal generación domiciliaria “no afecte a la seguridad operacional de las redes de distribución” (lo que abre las puertas a múltiples restricciones arbitrarias y eventuales abusos por parte de las empresas distribuidoras). Por fin, el Reglamento (Decreto 103, promulgado el 20 de enero de 2017), limita la opción de instalar los equipos de generación domiciliaria, únicamente a propietarios de los inmuebles donde se emplacen; dejando fuera de esta opción a arrendatarios y usufructuarios, que representan más del 37% de los hogares chilenos, según el “BALANCE DE VIVIENDA SOCIAL Y ENTORNO URBANO 2017” de la Cámara Chilena de la Construcción (no olvidar que gracias a Piñera, no existe un Censo actualizado de vivienda desde hace más de una década). La Ley puede consultarse en: http://www.centralenergia.cl/uploads/2012/03/Pago_tarifas_electricas_generadoras_residenciales.pdf y el reglamento en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1066257


[vii] Gravamen impuesto por el Estado Español al autoconsumo conectado a redes, generado a partir de paneles fotovoltaicos. Fue impuesto mediante Real Decreto 900/2015 de octubre de 2015; y derogado tres años más tarde, ante la fuerte demanda ciudadana en tal sentido. Ver el enlace: https://www.efeverde.com/noticias/derogado-el-impuesto-al-sol-autoconsumo-miteco/





 
 
 

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